La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros paguen solidariamente 22 millones 900 366 soles por daño patrimonial al Estado peruano, más 1 millón 800 000 dólares por daño extrapatrimonial, relacionado con el caso Centro de Convenciones Lima.
El juez Jorge Chávez Tamariz aceptó la solicitud de la defensa legal del Estado para constituirse como parte agraviada en la investigación preparatoria. Esta decisión permite a la Procuraduría acceder al pago de una eventual reparación civil en caso de ser hallados culpables los investigados por la Fiscalía.
El daño patrimonial se atribuye a pagos indebidos y falta de cobro de penalidades, mientras que el daño extrapatrimonial se refiere a la lesión a la imagen institucional del Estado.
