La Contraloría General de la República detectó que 1 584 directivos de confianza, es decir de libre designación y remoción, en los gobiernos regionales y distritales no acreditaron con el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia.
El ente fiscalizador dio conocer los resultados de la operación a nivel nacional de Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública, llevado a cabo en 554 entidades públicas.
La Contraloría General de la República desplegó a 1 218 auditores, que intervinieron 25 gobiernos regionales, 56 unidades ejecutoras de gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, 3 empresas municipales y 274 municipalidades distritales.
El ente fiscalizador además informó que se revelaron un total de 1 924 situaciones adversas, de las cuales identificó que casi el 35% se concentra en Áncash (148), Lima Metropolitana (141), Puno (132), así como Junín (127) y San Martín (125).
Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 581 informes de control se revelaron un total de 1,924 situaciones adversas y de las cuales se identificó que casi el 35% se concentra en Áncash (148), Lima Metropolitana (141), Puno (132), así como Junín (127) y San Martín (125).
La Ley N° 31419 establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
La mayor cantidad de designaciones que no acreditaron cumplir estos requisitos pertenecen a municipalidades distritales (676 directivos) y luego aparecen municipalidades provinciales (584), gobiernos regionales (217), unidades ejecutoras de gobiernos regionales (105) y empresas municipales (2).
