El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional resolver la disolución del partido político Fuerza Popular por su contribución y participación en los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en concurso con falsedad genérica que habría cometido su líder Keiko Fujimori, en el campañas electorales del 2006 y 2011.
Pérez Gómez hizo este pedido al concluir su alegato de acusación ante los jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, en la audiencia 4 del juicio público del caso Cócteles. Audiencia que en esta fecha se realizó de manera virtual, a través de video conferencia.
Fuerza Popular es instrumentalizado por la organización criminal, utiliza sus cargos legales para ejecutar sus acciones y se utilizan sus cuentas para recolectar los fondos ilícitos, que convierten en aportes partidarios, que luego permiten realizar transferencias supuestamente legales. En su seno se constituyó y organizó la organización criminal, a través del partido y la bancada en el Congreso se protege a sus integrantes y se promueven proyectos de ley a favor de sus intereses, explicó el fiscal.
Luego de la intervención de la fiscalía, la procuradora especializada en lavado de activos María Camus Dávila solicitó que se imponga a los acusados el pago de una reparación civil de más de 151 millones de soles por el daño que los presuntos delitos atribuidos a la organización criminal habría ocasionado a la imagen del país y de la sociedad peruana.
Camus Dávila explicó a los jueces que dicho monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone 69 millones 420 mil 512 soles. Además, los pagos de honorarios profesionales realizados al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
Así por el delito de organización criminal pide al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles. En el delito de lavado de activos se considera el doble del dinero presuntamente lavado por la organización por lo que se considera un pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
