Una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes y el segundo vicepresidente de ese poder del Estado, Waldemar Cerrón, fue presentada ayer debido a la aprobación y promulgación de las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763).
En el documento presentado por la activista ambientalista Ángela Lucila Pautrat, se indica que ambos parlamentarios habrían incurrido en presunto delito ambiental, en la modalidad de responsabilidad funcional e información falsa y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.
Asimismo, se señala que Soto y Cerrón habrían infringido los artículos 38, 66, 67, 68 y 69 de la Constitución.
Estos versan respecto a la protección a los recursos naturales, la política ambiental y la Amazonía.
Argumentos de la denuncia
La denunciante indica que Soto y Cerrón “retiraron los recursos de reconsideración planteados” respecto a la votación de la mencionada iniciativa. Esto se habría hecho -señala “con el único fin de beneficiar indebidamente a un pequeño grupo de empresas que estarían realizando la deforestación de nuestra selva peruana”.
“Pero para aprobar esta ley, primero, desconocieron la interposición de dos recursos de reconsideración que ya se encontraban publicados en el portal web del Congreso (ahora retiradas) y bajo el penoso argumento que ‘el Oficial Mayor nos manifestó que eran extemporáneas’ procedieron indebidamente a firmar y publicar dicha norma”, indica la denunciante.
La ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, asigna al Ministerio de Desarrollo Agrario la función de establecer la zonificación de los bosques de producción permanente; labor en la que anteriormente participaba el Ministerio del Ambiente.
