El Poder Judicial ordenó la captura a nivel nacional e internacional del exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina Guerrero, como parte de la investigación preparatoria que afronta junto a la familia política del expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.
El juez Raúl Justiniano adoptó esta medida en atención a que la orden que emitió su despacho, el último 16 de enero, en la que dispuso la inmediata libertad de Medina Guerrero para que cumpla mandato de comparecencia con restricciones en el caso ‘Anguía’ fue ejecutada sin que se haya resuelto el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público para revocar esta decisión de primera instancia.
El magistrado precisó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 284.2 del Código Procesal Penal, la ejecución de lo resuelto debe realizarse una vez que se resuelva la impugnación interpuesta por el Ministerio Público dado que dicha impugnación tiene carácter de suspensivo.
En virtud de ello, el juez Justiniano Romero emitió una resolución el último 5 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, en la que suspendió la ejecución de la excarcelación de José Medina, que se efectivizo según papeletas y órdenes que dan cuenta de ello, y dispuso remitir oficios tanto a la División de la Policía Judicial para su captura nacional y a la oficina de Interpol para su captura internacional.
«En virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta de la ejecución del mandato de libertad que se efectivizó mediante las papeletas y órdenes de excarcelación de fecha 17 de enero de 2025, toda vez que dicha ejecución contraviene lo dispuesto en el artículo 284.2 del Código Procesal Penal, el cual establece que la ejecución de una resolución queda suspendida hasta que se resuelva la impugnación interpuesta, otorgando a la apelación el carácter suspensivo. Esta disposición tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del principio de legalidad y evitar que se produzcan efectos contradictorios mientras se resuelva. En consecuencia, debe suspenderse la ejecución de dicha resolución y retrotraerse hasta el momento de la emisión de la Resolución N° 10 de fecha 16 de enero de 2025, con el fin de garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos constitucionales de los sujetos procesales», determinó el magistrado.
Caso ‘Anguía’
El entonces Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas.
Dicha organización habría tenido como campo de acción los departamentos Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requerimientos exigidos por la ley.
