El Congreso declaró procedente pedido del exdictador Alberto Fujimori para recibir pensión vitalicia por su periodo como jefe de Estado (1990 -2000). El beneficio económico será de S/15.600 y se otorgó en respuesta a una solicitud de la defensa legal del expresidente en abril último. Contradictoriamente, ese mismo Parlamento decidió no otorgar un remuneración mensual al exmandatario Pedro Castillo por tener, al igual que Fujimori, una acusación constitucional en su contra.
«La Ley N.º 26519, establece pensión para los expresidentes, para cuyo efecto, establece dos reglas en sus artículos 1° y 2°; siendo la primera, la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República; mientras la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, ‘salvo que la sentencia judicial los declare inocentes’», se lee en el documento.
Posteriormente, el escrito indica: “La suspensión de la pensión es instrumental, pues se halla condicionada a posterior de la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por el literal e) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución […] En consecuencia y luego de la verificación antes mencionada, la solicitud […] resultaría procedente”.
