• En los próximos 90 días, SUNEDU y el Ministerio de Educación, en colaboración con el INPE, desarrollarán programas educativos especiales para reclusos en cárceles.
• Con la reciente aprobación de la Ley N° 31840 el 20 de julio, que busca facilitar el acceso de internos de los establecimientos penitenciarios a los estudios de educación superior.
En un esfuerzo conjunto para fomentar la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad a través de la educación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Ministerio de Educación (MINEDU), en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia (MINJUS), han puesto en marcha la elaboración de programas de educación superior en cárceles del país.
Siguiendo la dirección establecida por la reciente aprobación de la Ley N° 31840 el pasado 20 de julio, que busca ampliar el acceso de los reclusos a estudios de educación superior, representantes de las cuatro instituciones se han reunido en múltiples ocasiones durante las últimas semanas. El objetivo de estas reuniones ha sido diseñar y aprobar, en un plazo de 90 días, las características y requisitos de programas especiales de educación superior que conduzcan a la obtención de grados académicos.
Durante estos encuentros, los equipos técnicos y jurídicos de SUNEDU, MINEDU, INPE y MINJUS han trabajado arduamente para establecer las bases normativas que regirán la implementación de estos programas educativos. Se han abordado temas cruciales como la exoneración de requisitos de presencialidad contemplados en la Ley Universitaria, la creación de nuevos programas académicos de acuerdo con la Ley N° 31520 y el Acuerdo N° 001-026-2023 del Consejo Directivo de SUNEDU.
Especialistas de las áreas involucradas en el proceso han resaltado la importancia de considerar las estadísticas actuales de empleabilidad en carreras universitarias y técnicas para garantizar que los internos que cursen estudios superiores puedan reintegrarse exitosamente en la sociedad y en el mercado laboral.
El INPE, en su rol de entidad líder en el Sistema Penitenciario Nacional, ha aportado datos fundamentales sobre la población carcelaria, incluyendo estadísticas
sobre el nivel educativo, las preferencias académicas y las aspiraciones profesionales de los internos. Estos datos servirán como base para la adecuación normativa y la planificación de los programas de educación superior.
Con un compromiso unánime, las cuatro instituciones han acordado trabajar en colaboración para cumplir con los plazos y objetivos establecidos por la Ley N° 31840. La educación superior en cárceles se posiciona como una herramienta crucial para la transformación de vidas, la reducción de la reincidencia y la creación de oportunidades genuinas de reinserción social.
