Caso Keiko Fujimori. Captaron fondos para financiar la interposición de nulidades de resultados electorales, así como apelaciones y otras acciones legales. Empresarios del sector inmobiliario y de casinos figuran entre los aportantes en la sombra.
Por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencial, el fiscal José Domingo Pérez resolvió ampliar la investigación por lavado de activos, con la agravante de organización criminal, contra Keiko Fujimori y los siguientes dirigentes de Fuerza Popular: Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubin, Milagros Takayama Jiménez y la contadora del partido Lindman Miranda Zamalloa.
Según la disposición fiscal a la que tuvo acceso La República, luego de los resultados de la votación del 6 de junio de 2021, que dieron como ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, Keiko Fujimori no solo desconoció el resultado, sino que emprendió una furibunda campaña de mentiras sobre presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular.
Con el falso argumento de una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices de Fuerza Popular afirmaban sin pruebas que se le había arrebatado el triunfo en beneficio del “candidato comunista” Pedro Castillo.
